La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha detectado un problema creciente de presuntos abusos de autoridad por parte de fuerzas federales en Sinaloa, una situación que se agrava por el temor de las víctimas a denunciar formalmente. A la par, el organismo calificó como inconstitucionales los retenes de seguridad implementados en el estado, al considerar que violan el derecho al libre tránsito.
Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, confirmó la recepción de quejas por ingresos a domicilios sin orden judicial, detenciones arbitrarias y malos tratos. Señaló que ha recibido llamadas personales de residentes de sindicaturas como Las Tapias y El Salado para denunciar cateos ilegales. Además, mencionó un caso reciente donde familiares de una persona detenida reportaron que esta presentaba «algunas fracturas» a causa de presunto abuso y malos tratos.
El principal obstáculo para documentar la magnitud del problema, según Loza Ochoa, es el miedo a las represalias. Afirmó que existen «decenas» de quejas no registradas formalmente por esta razón. Pese a ello, la CEDH puede iniciar investigaciones de oficio en casos graves y remite los expedientes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al tratarse de autoridades federales.
Respecto a los puntos de revisión, la postura del ombudsman fue tajante. Declaró que los retenes violan la Constitución y que, aunque las autoridades los justifiquen por la «situación extraordinaria», estos operativos no deben partir de la idea de que «todo ciudadano es sospechoso», por lo que llamó a que cualquier acción de seguridad se realice con un escrupuloso respeto a los derechos humanos.