Administrar dinero de otras personas mediante tandas, fondos comunes o cooperaciones para una graduación puede generar problemas fiscales si no existe documentación que explique el origen y el destino de los recursos. Así lo advirtió el investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sergio Enrique Beltrán Noriega, durante una conferencia sobre las implicaciones sociales, jurídicas y fiscales del uso del efectivo frente a los instrumentos electrónicos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La conferencia se realizó como parte de la Jornada Universitaria del Conocimiento 2026 en la Facultad de Contaduría y Administración. Beltrán Noriega explicó que los depósitos bancarios pueden ser considerados por la autoridad como ingresos gravables cuando el contribuyente no cuenta con elementos para demostrar que el dinero corresponde a recursos de terceros o a ahorros reunidos para un fin específico. La falta de documentos puede complicar la aclaración de esos movimientos ante una revisión fiscal.
El investigador citó datos del Banco de México según los cuales alrededor del 80 por ciento de los mexicanos utiliza efectivo y ahorra de manera informal, ya sea en casa o mediante tandas y fondos comunes. Aunque estas prácticas son habituales, advirtió que pueden dejar vacíos legales para quien recibe y concentra el dinero en una cuenta bancaria, incluso cuando los recursos no representan un incremento de su patrimonio personal.
Como ejemplo, mencionó a una persona que reúne aportaciones de estudiantes para cubrir los gastos de una graduación. Si los depósitos llegan a una sola cuenta y no existe un contrato u otro respaldo formal, el administrador puede tener dificultades para acreditar que el dinero pertenece al grupo. Beltrán Noriega sostuvo que los acuerdos deben quedar documentados y contar con respaldo jurídico para explicar el propósito, las reglas y la procedencia de los recursos.
Durante la exposición también se abordó la trazabilidad del dinero mediante sistemas financieros y digitales. El investigador explicó que estas herramientas permiten seguir el recorrido de una operación: de dónde provino el recurso, cuándo se recibió, hacia dónde se transfirió y quién resultó beneficiado. Este tipo de seguimiento plantea nuevas exigencias para personas y empresas, que necesitan conservar información clara y comprobable sobre sus movimientos financieros.
Beltrán Noriega relacionó estos cambios con los retos de la Ley de Economía Digital en México y llamó a reflexionar sobre el acceso a internet, las comisiones bancarias, la ciberseguridad, la protección de datos personales y la seguridad energética. También cuestionó la discrecionalidad que, según expuso, se deja a Hacienda para definir qué actividades podrían limitar el uso de efectivo. Su recomendación central fue documentar los acuerdos cuando se administran recursos colectivos, para que quien recibe el dinero pueda acreditar su origen ante una eventual revisión.