Representantes de organizaciones civiles, organismos empresariales y del Comité de Participación Ciudadana acusaron al Congreso del Estado de realizar una “simulación” en el proceso de análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia enviada por el exgobernador Rubén Rocha Moya.
Integrantes de colectivos y asociaciones señalaron que la propuesta legislativa representa un retroceso en materia de acceso a la información pública, al considerar que permitiría reservar información relacionada con gasto público, corrupción y contratos gubernamentales.
Lucia Mimiaga del Comité de Participación Ciudadana, explicó que desde hace un año organizaciones civiles han solicitado mesas de trabajo y un parlamento abierto para participar en la construcción de una nueva legislación en la materia; sin embargo, aseguró que no habían sido atendidos por la Comisión de Transparencia del Congreso local.
Indicaron que el pasado martes fueron convocados a una reunión por el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de dicha comisión, pero afirmaron que el encuentro se realizó con menos de 24 horas de anticipación y sin una metodología clara.
Los participantes señalaron que en la reunión se les informó que la iniciativa enviada por Rocha Moya no sería retirada, sino únicamente modificada con algunas propuestas ciudadanas.
Las organizaciones propusieron establecer una ruta de trabajo dividida en tres etapas: una consulta pública digital, la realización de un parlamento abierto y mesas técnicas conjuntas para redactar una nueva iniciativa de ley.
Asimismo, solicitaron que las sesiones sean públicas y transmitidas en vivo, además de que las observaciones ciudadanas tengan carácter vinculante dentro del proceso legislativo.
Entre los puntos que consideran preocupantes de la iniciativa destacan la ampliación de plazos para responder solicitudes de información, la posibilidad de reservar datos relacionados con presuntos actos de corrupción y la eliminación de obligaciones de transparencia sobre arrendamientos, bitácoras de vuelo, vehículos oficiales e información ambiental.
También señalaron que la propuesta elimina mecanismos de supervisión en municipios y limita la vigilancia sobre partidos políticos, sindicatos y universidades.
Los representantes de las organizaciones insistieron en que la iniciativa debe ser desechada para construir una nueva ley que garantice el acceso a la información y evite retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas.