Durante la comparecencia de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la diputada del PRI, Paola Gárate, expuso una serie de observaciones centradas en procedimientos de contratación, cumplimiento legal y riesgos de opacidad en la ejecución de recursos públicos.
La legisladora cuestionó que las recientes reformas en materia de transparencia se aprobaron sin análisis técnico suficiente y que la concentración de facultades en una dependencia del Ejecutivo compromete la autonomía institucional. Asimismo, citó datos del Índice de Transparencia de Obra Pública elaborado por Iniciativa Sinaloa y la Auditoría Superior del Estado, donde se detectaron fallas de trazabilidad, contratos no visibles y adjudicaciones directas sin justificación. Señaló que siete de cada diez obras se contrataron por adjudicación directa, pese a que la ley establece la licitación como regla general.
Gárate también advirtió sobre obras sin documentación mínima, patrones de competencia simulada y una concentración atípica del gasto público en un reducido grupo de empresas. En ese contexto, planteó dudas sobre posibles conflictos de interés y falta de control, señalando que la opacidad “no construye confianza, sino sospecha”, y pidió aclarar responsabilidades, criterios de adjudicación y acciones preventivas ante riesgos de corrupción.
Como respuesta institucional, la Secretaría defendió que la publicación de información depende de los ejecutores del gasto y que los procesos deben garantizar libre participación de proveedores. La titular, Sandra Guadalupe Angulo, añadió que las reformas plantean un nuevo modelo nacional de acceso a la información, donde la Secretaría operará con autonomía técnica y decisoria, y que se trabajará en una ley secundaria que fortalezca garantías ciudadanas y mecanismos de vigilancia sin afectar el derecho a saber.