El diputado Bernardino Antelo, acompañado por la diputada Paola Gárate, expuso que la nueva propuesta de Ley General de Aguas impulsada desde el Gobierno Federal representa, a su juicio, un riesgo para productores y familias del país. Señalaron que el planteamiento centraliza el control del agua y reemplaza las concesiones actuales por permisos anuales, lo que —según dijeron— permitiría al gobierno decidir discrecionalmente quién puede acceder al recurso.
Antelo advirtió que esta reformulación dejaría a agricultores y pequeños propietarios en una situación de vulnerabilidad, pues la continuidad de su actividad podría depender de coincidencias políticas con el partido gobernante. Aseguró que, de aprobarse, quienes no se “alineen” con Morena podrían enfrentar restricciones para regar sus cultivos, incluso si cuentan con décadas de trabajo acreditado en sus tierras.
Los diputados señalaron que la propuesta contempla sanciones severas para quienes utilicen pozos o infraestructura hídrica sin los nuevos permisos, llegando a multas millonarias y penas de prisión. Desde su perspectiva, esta medida no sólo criminaliza el trabajo agrícola, sino que convierte el acceso al agua en una herramienta de presión política. “Si estás con ellos, te dan agua; si no, simplemente no te toca”, resumió Antelo al describir lo que considera un mecanismo de control del voto ciudadano.
Paola Garate agregó que este posible cambio llega en un momento especialmente crítico para el campo, donde los productores han manifestado inconformidades por la falta de diálogo y políticas integrales. Subrayó que el agua se ha convertido en uno de los temas más sensibles, pues sin acceso garantizado, la tierra pierde su valor y la actividad productiva se vuelve inviable. Afirmó que este escenario deja al sector “en terapia intensiva” y que la ciudadanía debe entender que no es un problema aislado del campo, sino algo que impacta a todo el país.
Ambos legisladores insistieron en que la propuesta no ha sido construida escuchando a los sectores productivos y que la falta de inversión federal en infraestructura hídrica agrava aún más el panorama. Dijeron que mientras se dejan de atender los problemas de fondo, se avanza hacia un modelo donde el gobierno tendría un control absoluto del recurso, lo que, desde su visión, abre la puerta a presiones políticas en tiempos electorales.
El Grupo Parlamentario del PRI anunció que votará en contra de la reforma y llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y expresar su postura, pues consideran que el acceso al agua no debe convertirse en una herramienta de condicionamiento político. Señalaron que, de aprobarse tal como está planteada, “no habría marcha atrás”, pues el nuevo esquema de permisos anuales modificaría de manera permanente el patrimonio hídrico y productivo del país.