Carlos Medina, dirigente del Sistema Producto Maíz en Sinaloa, expresó su preocupación por el uso de maíz transgénico en la elaboración de tortillas, práctica que, afirmó, afecta la competitividad de los granos producidos en la entidad y que debería ser regulada con políticas públicas que permitan al consumidor distinguir entre ambos productos.
Por su parte, Felipe Cebada, dirigente de la Asociación de Campesinos de Navolato, calificó como insuficiente el apoyo de 500 pesos por tonelada anunciado para quienes vendieron por debajo de los 6 mil pesos. Señaló que este beneficio debería otorgarse de manera general a toda la producción validada, estimada en 1.6 millones de toneladas, y no solo a una fracción.
Cebada advirtió que esta medida parcial provocó que algunos comercializadores redujeran el precio de compra a 5 mil 250 pesos, trasladando el costo a los agricultores. En este contexto, recordó que muchos campesinos no logran cubrir gastos de producción con precios actuales, lo que genera pérdidas y riesgo de cartera vencida.
Finalmente, ambos dirigentes coincidieron en el llamado a las autoridades federales y estatales para atender los abusos en bodegas y promover una legislación que garantice operaciones justas en la comercialización de granos, pues cada año persisten prácticas que desfavorecen a los productores.