En Culiacán, Dalilah Barajas, manifestante y quejosa por el posible “tarifazo” en el transporte público, expuso diversas deficiencias del sistema de transporte urbano. Señaló que, aunque se denomina “público”, en realidad está operado por concesionarios privados que determinan rutas, número de unidades y frecuencias, sin una planeación que atienda el crecimiento de la ciudad ni las necesidades de la población.
Entre las principales críticas, destacó la falta de renovación de unidades, la ausencia de estudios urbanos para ajustar las rutas, y la escasa accesibilidad para personas con discapacidad. De las unidades en circulación, solo seis cuentan con plataformas para sillas de ruedas, sin conexión a hospitales o centros especializados, y las paradas carecen de condiciones mínimas como sombra o espacios para sentarse.
Barajas subrayó que muchas rutas obligan a los usuarios a realizar múltiples trasbordos, concentrando el tráfico en el centro y encareciendo el costo diario del transporte. Esto representa, para algunos trabajadores que viven en zonas periféricas, hasta una cuarta parte de su salario mensual.
Asimismo, criticó que cada incremento de tarifa se justifique únicamente por el aumento en el precio del combustible o supuestas pérdidas económicas de los concesionarios, sin mejoras visibles en el servicio. Consideró que esta visión convierte al transporte en un negocio más que en un derecho ciudadano, y llamó al gobernador Rubén Rocha Moya a priorizar proyectos de transporte masivo como el metrobús, en lugar de megaproyectos sin impacto directo en la movilidad urbana.
Para visibilizar estas demandas, se convocó a una marcha pacífica desde el pie de la Lomita hasta la Catedral, con el objetivo de exigir a autoridades y concesionarios un servicio digno, accesible y eficiente, antes de considerar cualquier incremento en la tarifa.