Organizaciones rurales de Sinaloa acudieron al Congreso del Estado para exigir que se restituyan tres programas que, según señalan, desaparecieron o fueron reducidos en el proyecto de presupuesto: el Programa de la Mujer Rural, el apoyo para semilla de sorgo temporalero y el Seguro Catastrófico, que protege a productores de la sierra ante pérdidas por exceso o falta de lluvia.
Representantes como Emilio y Reina Alicia Álvarez explicaron que estos apoyos han sido fundamentales para mujeres y familias de zonas serranas, donde las condiciones económicas suelen ser más difíciles. Afirmaron que la eliminación o reducción de los programas representa un retroceso, sobre todo porque —dicen— las mujeres han cumplido con las reglas de operación y dependen de esos recursos para sostener sus actividades productivas.
Las organizaciones también señalaron que esta situación resulta contradictoria con los discursos oficiales que promueven el “tiempo de mujeres”, por lo que pidieron sensibilidad y diálogo con la presidenta de la JUCOPO, María Teresa Guerra, y con el diputado Ambrosio, presidente de la Comisión de Hacienda. Incluso anunciaron que permanecerán en plantón hasta obtener una respuesta formal.
En paralelo, el diputado Rodolfo Valenzuela, presidente de la Mesa Directiva, respondió que el Congreso está en disposición de atenderlos, pero pidió que se permita el acceso al personal para continuar trabajando. Reconoció que los programas mencionados no aparecen de manera explícita en el documento, pero aseguró que el presupuesto para el campo sí está contemplado y que se revisará la posibilidad de reincorporar o especificar los apoyos requeridos.
Valenzuela reiteró que la solución se logrará a través del diálogo y aclaró que no se trata de eliminar apoyos, sino de ajustar la redacción presupuestal. Señaló que tanto él como el diputado Serapio Vargas están dispuestos a conversar con las ocho organizaciones presentes.
Desde una perspectiva ciudadana, la coincidencia es clara: la población rural exige certeza y permanencia en los programas que sostienen su economía, mientras que el Congreso busca mantener la operación institucional sin dejar de lado la negociación. El reto será lograr acuerdos que respondan a las necesidades de las comunidades más vulnerables sin caer en conflictos prolongados.