Organizaciones de la sociedad civil expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los asesinatos y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos en México, y solicitaron medidas para fortalecer las investigaciones y el acceso a la justicia.
Durante una audiencia pública del periodo 179 de sesiones de la CIDH, las organizaciones informaron que, de enero de 2022 a septiembre de 2026, se documentaron 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras, para un total de 113 casos.
De acuerdo con los datos presentados, 109 casos, equivalentes al 96.5 por ciento, permanecen sin una sentencia condenatoria, mientras que en cuatro se ha obtenido una resolución de este tipo.
Entre las solicitudes planteadas a la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra la elaboración de un plan público y verificable para implementar el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, recientemente aprobado.
La propuesta contempla establecer responsables, recursos, plazos de ejecución, capacitación para el personal y mecanismos de difusión. También plantea crear un registro homologado de delitos contra personas defensoras, realizar reuniones periódicas con organizaciones civiles y extender la aplicación del protocolo a las fiscalías estatales.
Durante la audiencia, la comisionada y relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, señaló que el país continúa entre los lugares de mayor riesgo para quienes defienden los derechos humanos. Por su parte, el comisionado Edgar Stuardo Ralón se refirió a la necesidad de garantizar la seguridad de quienes realizan esa labor.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, recomendó establecer un plan de implementación con plazos, recursos, capacitación, mecanismos de seguimiento y responsabilidades definidas, además de garantizar la participación de las organizaciones civiles.
Al término de la audiencia, el Estado mexicano planteó seis compromisos: elaborar un plan nacional para implementar el protocolo; difundir su contenido en formatos accesibles; establecer un registro homologado de delitos contra personas defensoras; instalar una mesa de trabajo para revisar los 113 casos expuestos; evaluar la creación de una fiscalía especializada en estos delitos, y aceptar el acompañamiento de la relatora especial de Naciones Unidas.
Las organizaciones solicitaron que estos compromisos se traduzcan en acciones verificables para avanzar en las investigaciones y el esclarecimiento de los casos.