La Red de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa emitió un posicionamiento público respecto a la resolución del caso relacionado con la funcionaria y activista María Emma Zermeño López y la diputada con licencia Almendra Ernestina Negrete Sánchez, el cual fue analizado por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La organización señaló que el caso se originó a partir de una denuncia presentada por la legisladora por presunta violencia política en razón de género, derivada de comentarios realizados en conversaciones privadas a través de la aplicación WhatsApp entre 2024 y 2025.
De acuerdo con la información difundida, las capturas de dichas conversaciones fueron proporcionadas por un tercero, quien habría compartido el contenido sin autorización de la persona señalada.
Inicialmente, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa desechó la denuncia al considerar que no correspondía analizar comunicaciones privadas. Posteriormente, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó revisar nuevamente el caso.
Tras el nuevo análisis, el tribunal estatal determinó en un primer momento que no se acreditaba violencia política en razón de género; sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó emitir una nueva resolución bajo el criterio de que podrían configurarse elementos de esta conducta.
En cumplimiento de dicha instrucción, el tribunal electoral de Sinaloa resolvió por unanimidad que existió violencia política de género en su modalidad simbólica en perjuicio de la diputada con licencia.
Como parte de la resolución, se establecieron medidas que incluyen la instrucción a la persona denunciada de abstenerse de emitir expresiones que puedan afectar los derechos de la legisladora, así como una prohibición de acercamiento o intimidación. También se ordenó brindar atención psicológica a la diputada a través del Centro de Justicia para las Mujeres.
Además, se dio vista a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa y a la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa para que revisen los hechos, debido a que la persona denunciada se desempeña como funcionaria estatal.
En su posicionamiento, la red señaló que este caso abre un debate sobre el alcance de la protección contra la violencia política en razón de género y su relación con derechos como la libertad de expresión, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.