El grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa adelantó que durante el tercer año de la LXV Legislatura mantendrá una postura crítica y continuará exigiendo resultados en materia de seguridad, procuración de justicia, violencia contra las mujeres, presupuesto y atención al campo.
La coordinadora de la bancada, Irma Moreno, informó que durante los dos primeros años presentaron 59 iniciativas, de las cuales 12 fueron aprobadas, y aseguró que seguirán llevando a tribuna las demandas que reciben de la ciudadanía.
Uno de los principales señalamientos de la fracción priista fue dirigido al proyecto de presupuesto federal para Sinaloa, al considerar que los recursos planteados no corresponden a las necesidades actuales de la entidad.
La legisladora señaló que el gasto federalizado propuesto para Sinaloa rondaría los 68 mil 125 millones de pesos, una cifra que, al considerar el efecto de la inflación, prácticamente mantendría al estado en el mismo nivel de recursos del año anterior.
Moreno sostuvo que estos recursos no representan un rescate extraordinario para Sinaloa ante los problemas que enfrenta en seguridad, economía y violencia contra las mujeres, por lo que llamó a las y los diputados federales sinaloenses a buscar mayores recursos para la entidad.
Durante la conferencia, el diputado Lauro Gallardo expuso también preocupaciones relacionadas con el campo, entre ellas una posible reducción de recursos destinados a sanidad vegetal. Además, presentó datos sobre consumo de alcohol entre estudiantes y planteó reforzar las acciones preventivas desde las escuelas y las familias.
Por su parte, la diputada Paola Gárate centró su intervención en la procuración de justicia y señaló un incremento en el rezago de solicitudes periciales, que, de acuerdo con las cifras presentadas, habrían pasado de 6 mil 300 en 2023 a más de 26 mil en 2026.
Gárate cuestionó la capacidad de la Fiscalía General del Estado para atender el volumen de investigaciones y planteó que cualquier aumento presupuestal debe estar acompañado de metas públicas, personal especializado, indicadores y resultados verificables.
La bancada priista sostuvo que la seguridad no debe evaluarse únicamente con base en el número de detenciones, sino también por la capacidad de las instituciones para investigar los delitos, procesar los casos y garantizar justicia a las víctimas.
Las legisladoras afirmaron que durante el último año de trabajo legislativo mantendrán la exigencia de transparencia, rendición de cuentas y resultados, además de continuar señalando desde el Congreso las problemáticas que consideran prioritarias para Sinalo.