La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, exigió investigar a fondo el ingreso de armas de fuego a los centros penitenciarios de Sinaloa y esclarecer posibles redes de corrupción, luego de que al menos 20 personas murieran en hechos violentos registrados en los penales de Aguaruto, en Culiacán, y El Castillo, en Mazatlán, entre mayo y octubre de 2026.
Durante su intervención en tribuna del Congreso del Estado, la legisladora cuestionó que todavía no se conozcan explicaciones concluyentes sobre cómo entraron armas de alto poder a instalaciones bajo custodia de las autoridades ni qué servidores públicos podrían tener responsabilidad por las fallas de seguridad.
“Los fusiles no tienen alas, las armas de alto poder no atraviesan solas los controles de seguridad, alguien está fallando, alguien está permitiendo que suceda”, expresó.
Gárate Valenzuela señaló que, después de los enfrentamientos, las autoridades suelen informar sobre operativos y decomisos de armas, teléfonos y equipos de comunicación. Sin embargo, sostuvo que esos resultados no sustituyen la obligación de explicar cómo ingresaron los objetos, qué controles fallaron y si hubo participación u omisiones de funcionarios.
Por ello, consideró necesario que el Congreso solicite las comparecencias correspondientes para conocer la situación de los centros penitenciarios, el avance de las investigaciones y las medidas adoptadas para corregir las deficiencias.
“Queremos saber quién permitió que entraran esas armas, quiénes son responsables de las fallas y qué harán para impedir otra masacre”, afirmó.
La diputada recordó que entre mayo y julio fueron asesinados ocho internos en el penal de Aguaruto, en Culiacán. Posteriormente, los enfrentamientos ocurridos los días 8 y 9 de octubre en el centro penitenciario El Castillo, en Mazatlán, dejaron otras 12 personas fallecidas.
Entre las víctimas de estos últimos hechos se encontraba un niño de dos años que visitaba a su padre, quien permanece privado de la libertad.
Gárate consideró que la muerte del menor evidencia la gravedad de lo ocurrido y cuestionó las condiciones de seguridad dentro de una instalación cuya vigilancia corresponde al Estado.
“¿Qué explicación puede dar el gobierno ante semejante tragedia?”, planteó.
La legisladora sostuvo que los hechos no deben tratarse como episodios aislados ni atenderse únicamente mediante nuevos operativos. A su juicio, es necesario esclarecer las causas de los enfrentamientos, determinar las responsabilidades y establecer medidas para evitar que se repitan situaciones similares.
Como antecedente, Gárate hizo referencia al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que asignó a Sinaloa una calificación de 5.02 puntos.
De acuerdo con los datos citados en su posicionamiento, el centro penitenciario El Castillo obtuvo 5.25 puntos, mientras que Goros II, en Los Mochis, registró 4.79.
La diputada señaló que el diagnóstico identificó deficiencias relacionadas con la seguridad y custodia, la capacitación del personal, la prevención de hechos violentos y la presencia de actividades ilícitas.
A partir de esos resultados, cuestionó qué medidas se tomaron para atender las observaciones, evitar el ingreso de armamento y establecer responsabilidades por las fallas detectadas.
También insistió en que las investigaciones deben examinar no solo la participación de quienes intervinieron directamente en los enfrentamientos, sino posibles omisiones, complicidades o actos de corrupción entre el personal encargado de la seguridad.
Sobre el anuncio del Gobierno Federal de construir un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, Gárate Valenzuela consideró que mejorar la infraestructura puede ser necesario, pero advirtió que no resolverá por sí mismo los problemas de vigilancia, administración y presunta corrupción.
“Nadie se opone a mejorar la infraestructura penitenciaria, cuestionamos que pretendan presentarla como la gran solución mientras dejan pendientes los problemas que provocaron esta tragedia”, manifestó.
La legisladora reiteró que las autoridades deben informar sobre las investigaciones, explicar cómo ingresaron las armas a los centros penitenciarios y establecer qué acciones se aplicarán para corregir las fallas de seguridad.