El Partido Acción Nacional (PAN) fijó una postura firme en contra de la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, aprobada por mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso del Estado. Durante una conferencia de prensa, la dirigencia panista calificó la decisión como un retroceso institucional que debilita la transparencia y vulnera el derecho ciudadano a conocer el uso de los recursos públicos. En la votación, todas las fuerzas de oposición —PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano— se pronunciaron en contra de la reforma.
Riesgos para la transparencia y la rendición de cuentas
La presidenta estatal del PAN, Wendy Barajas, señaló que trasladar las funciones de transparencia a instancias internas del propio gobierno convierte a la autoridad en “juez y parte”, lo que, a su juicio, compromete la vigilancia independiente del ejercicio público. Afirmó que, aunque el Congreso aseguró que la rendición de cuentas se mantendrá, eliminar un órgano autónomo reduce los contrapesos y limita el acceso efectivo a la información para ciudadanos, periodistas y organizaciones civiles.
Irregularidades en el proceso legislativo
Por su parte, la diputada Roxana Rubio denunció que el dictamen fue aprobado de manera acelerada, sin un análisis profundo ni diálogo con la oposición, y con escasa oportunidad de revisión para los legisladores. Indicó que no se aclaró el destino del personal de la comisión ni el funcionamiento del nuevo esquema aprobado, lo que genera incertidumbre sobre cómo se garantizará la transparencia en la práctica.
Exigen renuncia de la secretaria de Transparencia
En este contexto, PAN exigió la renuncia de la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda, al considerar que enfrenta señalamientos que afectan la credibilidad de la dependencia que ahora concentrará estas funciones. Tanto Wendy Barajas como Roxana Rubio subrayaron que devolver recursos públicos tras un presunto uso indebido no elimina la falta, y advirtieron que mantenerla en el cargo debilita la confianza ciudadana, aun cuando el Congreso insista en que los mecanismos de control seguirán operando.