Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para crear el Atlas Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, una plataforma que concentraría información estadística y georreferenciada sobre los casos registrados en Sinaloa.
La propuesta fue presentada por el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Esquer, y la diputada Elizabeth Montoya, quienes plantearon modificar la legislación local para establecer la creación de una herramienta digital, pública, interactiva y de libre consulta, administrada por la Comisión Estatal de Búsqueda.
De acuerdo con lo expuesto durante la presentación, el objetivo es contar con información que permita identificar zonas con mayor incidencia de desapariciones y mejorar la planeación de las labores de búsqueda, particularmente en municipios como Culiacán, Mazatlán y Navolato.
El proyecto contempla que el Atlas muestre los casos por colonias, sindicaturas y tramos carreteros, con la finalidad de detectar áreas de riesgo y facilitar la definición de rutas para los operativos de búsqueda.
Otro de los planteamientos es establecer plazos para mantener actualizada la información. Los nuevos casos tendrían que incorporarse en un periodo máximo de 72 horas, mientras que los cambios en el estatus de localización deberán registrarse en un lapso no mayor a 24 horas.
La iniciativa también propone que familiares y colectivos de búsqueda puedan aportar información para complementar y depurar los registros, además de establecer medidas para proteger los datos personales de las víctimas y evitar su revictimización.
Durante la presentación, Pío Esquer explicó que el propósito es que el Gobierno del Estado cuente con información estadística georreferenciada que permita conocer con mayor precisión la dimensión y distribución del problema.
Los legisladores señalaron que la plataforma no representaría un impacto presupuestal extraordinario, debido a que se plantea que opere con los recursos de la propia Comisión Estatal de Búsqueda.
La propuesta deberá ser analizada por el Congreso del Estado antes de determinar si procede su aprobación y eventual implementación.