Integrantes de la Alianza Ambientalista Sinaloense presentarán una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para crear un Sistema Estatal de Parques, Arbolado y Áreas Verdes Urbanas, con el objetivo de frenar el deterioro ambiental y legalizar la protección de estos espacios públicos.
La propuesta surge tras años de denuncias por la apropiación irregular de áreas verdes en fraccionamientos, la privatización de parques públicos y la deforestación urbana. El proyecto legislativo plantea medidas para inventariar, proteger y restaurar los espacios verdes en ciudades como Culiacán, Mazatlán, Guasave, Guamúchil y Los Mochis.
Joel Gerardo Retamosa López, coordinador de la Alianza, explicó que el déficit actual en Culiacán es de al menos 600 hectáreas para alcanzar el mínimo recomendado por la ONU de 9 metros cuadrados de área verde por habitante. “Según el IMPLAN, apenas llegamos a 4 metros. Y desde entonces la situación ha empeorado”, advirtió.
Entre los puntos centrales de la iniciativa se contempla:
- La prohibición de cambiar el uso de suelo de áreas de donación en fraccionamientos.
- La clasificación de árboles patrimoniales, para evitar su tala.
- La creación de sistemas municipales de parques y arbolado urbano.
- Un capítulo específico para sancionar la devastación ambiental por desarrollos inmobiliarios o autoridades omisas.
Además, se busca establecer mecanismos para la participación ciudadana en la vigilancia y conservación de áreas verdes, e incorporar el concepto de áreas de valor ambiental, como riberas de ríos, cerros urbanos y corredores biológicos.
Retamosa explicó que la iniciativa ya está lista, pero aún no se ha ingresado al Congreso porque no existen las condiciones políticas para su discusión. “No queremos que se congele como otras propuestas ambientales. Necesitamos voluntad de los diputados para legislar en favor del derecho a un ambiente sano”, afirmó.
El colectivo también exige que se respete la ley de ordenamiento territorial, que prohíbe el uso habitacional de las áreas de donación. Retamosa criticó al Ayuntamiento de Culiacán por haber intentado construir viviendas del programa federal en espacios originalmente destinados a parques vecinales. Aunque el cabildo revirtió el cambio de uso de suelo en abril, la formalización del decreto aún no ha ocurrido.
Finalmente, el ambientalista señaló que la ley también responde al reto del cambio climático, pues la deforestación urbana y la falta de microclimas agravan las olas de calor y las sequías. “Cada árbol que protegemos es una inversión en salud, paz social y calidad de vida para nuestras ciudades”, concluyó.