El diputado federal Ricardo Madrid Pérez aseguró que la nueva Ley de Aguas incorporó las inquietudes de productores y campesinos, luego de un proceso en el que se realizaron 68 modificaciones al dictamen original. Señaló que muchas de las dudas surgieron por desinformación, por lo que insistió en que la norma final tiene como meta modernizar el uso del agua y reducir el desperdicio, manteniendo los derechos que ya tienen quienes cuentan con una concesión.
Destacó que desde 2012 existía la obligación de legislar en esta materia, pero fue hasta ahora que se lograron acuerdos para avanzar en una propuesta que considera las necesidades reales del campo. Afirmó que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum sirvió como base, pero se enriqueció tras escuchar a productores, asociaciones y diversos sectores, quienes plantearon preocupaciones sobre el uso agrícola, la herencia de concesiones y la duración de los permisos.
Madrid Pérez recalcó que todas las concesiones mantienen las mismas condiciones que antes: mismo volumen de agua, mismos años de vigencia y mismo uso establecido desde su origen. Subrayó que las concesiones pueden seguir heredándose sin riesgo de perder derechos, y que ningún productor verá afectado su acceso al agua por las nuevas disposiciones. Consideró que parte de la inconformidad se generó por información incorrecta difundida en el debate público.
Entre los cambios relevantes, mencionó la incorporación del reconocimiento legal a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento en zonas fuera de la operación municipal o metropolitana, así como la inclusión de servicios administrados por pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. También se amplió de dos a tres años el periodo para solicitar una prórroga de concesión y se estableció que la disponibilidad de agua no será un factor para negar una concesión cuando se venda una propiedad.
Finalmente, el legislador llamó a los ciudadanos inconformes a revisar el dictamen final para evitar confusiones con la versión inicial. Aseguró que se realizaron reuniones y foros en distintas regiones del país para escuchar de manera directa a productoras y productores, y que los acuerdos alcanzados buscan proteger tanto la actividad agrícola como al medio ambiente.