El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad una serie de reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, estableciendo como obligatoria la práctica de la crianza positiva tanto por parte de padres y madres de familia como de instituciones públicas y privadas.
La crianza positiva se define como el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que promueven el desarrollo armónico de niñas, niños y adolescentes, respetando sus derechos y evitando el uso de castigos corporales, tratos humillantes o violentos.
Las reformas establecen que quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia tienen la obligación de proporcionar condiciones adecuadas para el sano desarrollo de la niñez, dentro de sus medios económicos. Asimismo, se mandata a las autoridades estatales y municipales a coadyuvar mediante políticas públicas, campañas y acciones enfocadas en fomentar la corresponsabilidad en la crianza y la promoción de métodos respetuosos y no violentos.
Entre los principios rectores se destacan la paternidad y maternidad responsables, el involucramiento activo en la vida de hijos e hijas, la creación de entornos de amor y comprensión, y la implementación de métodos de crianza libres de violencia.
Los centros de asistencia social también deberán garantizar la integridad física y emocional de los menores bajo su cuidado, a través de personal capacitado con enfoque en derechos humanos y crianza positiva.
Estas reformas derivan de cinco iniciativas presentadas por diputadas de distintas legislaturas y partidos, entre ellas Deisy Judith Ayala Valenzuela, Nela Rosiely Sánchez Sánchez, Moncerrat López López, y el Grupo Parlamentario de Morena.