Integrantes del movimiento de ciudadanos afectados por los altos cobros de energía eléctrica regresaron este martes al Congreso del Estado para exigir una respuesta de las autoridades federales, al señalar que, a una semana de haber recibido el compromiso de atender su petición, aún no existe una fecha para la reunión que solicitaron.
Los manifestantes explicaron que buscan dialogar con representantes de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Energía, al considerar que son las dependencias con facultades para resolver el problema de las tarifas eléctricas.
Indicaron que el pasado martes les informaron que en un plazo de tres días tendrían una respuesta; sin embargo, aseguraron que hasta el momento no han recibido ninguna notificación.
Además, denunciaron que continúa pendiente una reunión con la delegada de Programas para el Bienestar en Sinaloa, Gerardine Bonilla, quien, afirmaron, se había comprometido a recibirlos la semana anterior. En lugar del encuentro, señalaron que fueron desalojados de Palacio de Gobierno mediante un operativo de seguridad, donde tres mujeres resultaron lesionadas, hechos por los que ya interpusieron las denuncias correspondientes.
Los inconformes sostuvieron que el problema se ha agravado por la aplicación de la tarifa DAC, la cual, aseguran, elimina prácticamente el subsidio al consumo doméstico y provoca que las deudas sigan incrementándose.
Precisaron que la principal afectación recae en usuarios de la tarifa doméstica 1F, quienes buscan recuperar las condiciones que anteriormente les permitían pagar montos considerablemente menores por el servicio.
El movimiento informó que tiene registradas alrededor de 2 mil 500 personas afectadas únicamente en Culiacán, además de usuarios de Mazatlán, Los Mochis, Costa Rica, Villa Juárez, El Diez, Jesús María, El Barajonal y Guamúchil.
Asimismo, señalaron que durante una reunión con directivos de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México se les informó que, entre 2025 y 2026, la empresa obtuvo una facturación excedente de 564 millones 400 mil pesos, cifra que, aseguran, refleja el impacto de los nuevos cobros.
Finalmente, reiteraron que la solución depende de una decisión del Gobierno Federal para restablecer las tarifas subsidiadas y afirmaron que muchas familias continúan pagando los recibos únicamente bajo protesta para evitar el corte del suministro eléctrico.