La baja rentabilidad que enfrenta el campo sinaloense ya comienza a extender sus efectos hacia talleres, comercios, transportistas, prestadores de servicios y empleos, por lo que debe analizarse como un problema de desarrollo regional y no únicamente de los productores, advirtió Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa.
El dirigente aclaró que sería irresponsable atribuir exclusivamente a la crisis agrícola la reducción de los ingresos municipales, debido a que también existen factores económicos, fiscales y presupuestarios. Sin embargo, señaló que tampoco puede ignorarse el peso de la agricultura en buena parte de las regiones del estado.
Explicó que cuando un productor pierde dinero, reduce la compra de maquinaria, refacciones e insumos, pospone inversiones, contrata menos servicios y enfrenta mayores dificultades para cubrir créditos. Esa disminución de actividad termina afectando a otros sectores y reduce el consumo de las familias.
El dirigente consideró necesario cambiar la forma en que se evalúan los apoyos al campo, particularmente durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027. Propuso medir no solamente cuánto cuesta al gobierno respaldar a los productores, sino cuánto costaría para la economía permitir que la agricultura deje de ser rentable.
Desde su perspectiva, una hectárea agrícola genera actividad mucho antes y después de la cosecha, debido a la compra de semillas, fertilizantes, combustible, maquinaria, servicios técnicos, jornales, transporte, almacenamiento y comercialización.
Por ello, planteó que los recursos destinados a comercialización, financiamiento, coberturas y administración de riesgos sean considerados mecanismos para proteger una actividad que también genera empleos, inversión, consumo y recaudación.
Aclaró que esto no significa que el gobierno deba garantizar utilidades o sustituir al mercado, sino intervenir ante desequilibrios que concentran gran parte del riesgo en los productores, quienes enfrentan costos de producción y financiamientos determinados por el mercado, además de los riesgos climáticos y productivos.
Espinoza Laguna propuso que, rumbo al presupuesto de 2027, se midan indicadores como empleos conservados, superficie que permanece en producción, inversión movilizada, consumo generado y actividad económica que se sostiene en los municipios.
El secretario general de la COUC sostuvo que el objetivo no es que el gobierno mantenga a los productores, sino generar condiciones que permitan al campo trabajar, competir y obtener una rentabilidad suficiente para recuperar la inversión y continuar produciendo.
Finalmente, consideró que mantener activa la agricultura comercial representa también proteger la economía de las regiones sinaloenses, debido al efecto que tiene sobre empleos, comercios, servicios, inversión y consumo.