La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad el dictamen que propone a Aldo Ruiz González como consejero del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, por un periodo de cuatro años.
Durante la reunión de trabajo de este martes, encabezada por el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, se dio lectura al acuerdo que sustenta la propuesta en los artículos 58, fracción II, y 60 de la ley estatal en la materia.
El dictamen recibió cuatro votos a favor y ninguno en contra. Sin embargo, la propuesta aún deberá ser sometida a consideración del Pleno del Congreso. Si obtiene su aprobación, Aldo Ruiz González será notificado y citado para rendir protesta en la sesión ordinaria que se determine.
La designación forma parte del procedimiento para renovar integrantes del Consejo Consultivo del Instituto, cuya convocatoria contempló representaciones de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Durante el proceso se registraron tres aspirantes para la representación de personas defensoras de derechos humanos: dos mujeres y un hombre. Entre las observaciones formuladas se señaló que la vacante correspondía a un consejero hombre y que la convocatoria debió precisar desde el inicio las condiciones de participación relacionadas con la integración del órgano.
También se reportó la falta de aspirantes para la representación del sector periodístico, situación que dio lugar al planteamiento de declarar desierta esa parte de la convocatoria y emitir una nueva. Pese a estas observaciones, la Comisión continuó con la aprobación del dictamen relativo a Aldo Ruiz González.
En la reunión participaron, además del presidente de la Comisión, la secretaria Karina Isabel Franco Meza, el diputado Hólincer Castro Marañón y la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela.
Con el aval de la Comisión, el procedimiento legislativo continúa para definir la integración del Consejo Consultivo, encargado de participar en las tareas relacionadas con la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Sinaloa.