El asesinato de una madre buscadora ocurrido el viernes 27 de febrero en un domicilio en Sinaloa representa un atentado contra la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y afecta no solo una causa particular, sino el interés colectivo de la sociedad. Así lo expresó Jhenny Judith Bernal Arellano, directora general del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa, quien lamentó y condenó los hechos.
Señaló que el trabajo de las y los defensores abre camino para la creación de políticas públicas y reformas legales, por lo que cualquier agresión en su contra obstaculiza esa labor.
Indicó que el instituto mantiene un monitoreo constante para reaccionar de manera oportuna ante posibles riesgos. Detalló que desde septiembre de 2024 a la fecha se ha brindado atención a 76 personas defensoras, 21 familiares y 86 periodistas. Añadió que la amenaza es la agresión más recurrente y que, dependiendo del nivel de riesgo, se aplican medidas que pueden incluir el traslado de personas fuera del estado o la reubicación dentro del mismo.
Por su parte, la diputada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Teresa Guerra, calificó el hecho como lamentable y doloroso. Señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, ya se tiene identificada a una persona como probable responsable y que podría emitirse una orden de aprehensión en las próximas horas.
La legisladora explicó que el crimen fue cometido con un arma punzocortante y que, conforme a análisis de especialistas en feminicidios, este tipo de agresiones suele presentarse en contextos distintos a otros casos de violencia contra madres buscadoras registrados anteriormente en el estado.
Ambas funcionarias coincidieron en la necesidad de que se esclarezcan los hechos y se garantice justicia, al tiempo que reiteraron la importancia de fortalecer las medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos en Sinaloa.