La Comisión de Salud del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa, con el objetivo de actualizar el marco jurídico y fortalecer la atención, prevención y protección de los derechos de las personas usuarias de estos servicios.
Durante la reunión de trabajo, encabezada por el diputado Guadalupe Santana Palma León, las y los legisladores avalaron un proyecto que integra ocho iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios, además de una propuesta ciudadana.
Entre los cambios planteados se encuentra el fortalecimiento del derecho a recibir atención integral en salud mental, la garantía del consentimiento informado, la protección de la confidencialidad de la información clínica y el impulso de acciones de prevención, rehabilitación e inclusión social.
El dictamen también establece que la Secretaría de Salud implemente estrategias permanentes de promoción y prevención de la salud mental, así como programas especializados para atender a personas afectadas por emergencias, aislamiento forzado, inseguridad y hechos de violencia.
Asimismo, contempla nuevos requisitos para la acreditación y certificación de las y los profesionales que brindan estos servicios, además de reforzar la detección temprana y la atención en el ámbito escolar mediante programas dirigidos a estudiantes y docentes.
Durante la discusión, el diputado Guadalupe Santana Palma León señaló que la reforma busca fortalecer la prevención y la detección oportuna de los trastornos mentales, al considerar que las condiciones sociales actuales exigen consolidar políticas públicas con la participación de familias, instituciones y sociedad.
Por su parte, el diputado Jesús Azkanio Salomón Saiz expresó su respaldo al proyecto y manifestó su disposición para acompañar los trabajos relacionados con esta materia.
La diputada Briseida Valenzuela Buichia destacó que el dictamen representa un avance para consolidar una política pública de salud mental con enfoque preventivo y de derechos humanos, además de garantizar el acceso a estos servicios para habitantes de comunidades indígenas, zonas rurales y otros sectores en condición de vulnerabilidad.
Tras su aprobación en comisión, el dictamen continuará con el procedimiento legislativo para ser analizado y, en su caso, discutido por el Pleno del Congreso del Estado.