Urgen a revisar estrategias de seguridad ante alza histórica en homicidios y feminicidios: FGE

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CG CESP) emitió un llamado urgente para evaluar y ajustar las políticas de seguridad en Sinaloa, tras revelar que 12 de los 15 delitos monitoreados registraron incrementos sostenidos durante el año 2025. El organismo advierte que el estado enfrenta un escenario de violencia persistente impulsado, en gran medida, por el conflicto entre grupos del crimen organizado intensificado desde finales de 2024.

Homicidio y Feminicidio: Cifras récord en la entidad

El delito de homicidio doloso es el que presenta el panorama más crítico. Durante 2025 se contabilizaron 1,653 denuncias, lo que representa un aumento del 66% respecto a 2024 y un preocupante 210% en comparación con 2023. Esta es la cifra más alta registrada en Sinaloa desde el año 2011, promediando 4.5 víctimas diarias.

Por su parte, el feminicidio se convirtió en el delito con mayor crecimiento relativo, disparándose un 132% al pasar de 31 casos en 2024 a 72 casos en 2025.

Otros delitos de alto impacto al alza

Además de la violencia letal, otros delitos asociados al control territorial y la delincuencia organizada mostraron incrementos significativos:

  • Robo de vehículo: Creció un 70%, alcanzando las 6,851 denuncias.
  • Privación de la libertad: Registró un aumento del 44%.
  • Narcomenudeo: Subió un 89%.
  • Secuestro: Presentó un incremento del 40%.

El contraste: Las pocas reducciones

A pesar del crecimiento generalizado de la criminalidad, tres delitos mostraron una tendencia a la baja durante el periodo anual de 2025:

  • Robo bancario: Disminuyó un 43%.
  • Robo a casa habitación: Bajó un 22%.
  • Violencia familiar: Tuvo una reducción marginal del 3%.

La CG CESP subraya que, si bien estas bajas son señales puntuales de mejora, su impacto es limitado frente a la gravedad de los delitos que van en aumento. El organismo concluye que es indispensable fortalecer la inteligencia, la prevención social y el uso adecuado de los recursos institucionales para frenar la tendencia estructural de violencia en Sinaloa.