El Congreso del Estado de Sinaloa dio primera lectura a un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado con el objetivo de fortalecer el acceso a una vivienda digna para mujeres, especialmente jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores e integrantes de comunidades indígenas y afromexicanas.
La propuesta incorpora la perspectiva de género y el principio de no discriminación como ejes rectores de la política estatal de vivienda, además de reconocer este derecho como un área prioritaria para el desarrollo económico, social y cultural de la entidad.
Entre los cambios planteados se establece que el Gobierno del Estado deberá impulsar acciones en coordinación con los sectores público, social y privado para fortalecer las políticas de vivienda.
Asimismo, se incorpora a la legislación el concepto de grupos en situación de vulnerabilidad, que incluye a personas con discapacidad, jefas de familia de bajos ingresos, adultos mayores y comunidades indígenas y afromexicanas, quienes serán considerados prioritarios en los programas de apoyo.
El dictamen también propone fortalecer la coordinación entre el Estado y los municipios para impulsar acciones de mejoramiento de vivienda e infraestructura en comunidades con altos índices de marginación, utilizando indicadores del INEGI para orientar los programas públicos.
Otra de las modificaciones relevantes contempla la creación del artículo 54 Bis, mediante el cual se establece la obligación del Estado de implementar mecanismos que garanticen el acceso a una vivienda adecuada para mujeres en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y, de manera especial, jefas de familia.
Además, se amplían las atribuciones de la Comisión de Vivienda para priorizar programas dirigidos a sectores de bajos ingresos y grupos vulnerables, así como promover mayores oportunidades de acceso a vivienda para madres solteras, jóvenes, adultos mayores y comunidades originarias.
El dictamen continuará su proceso legislativo antes de ser sometido a discusión y votación por el Pleno del Congreso del Estado.