Desde la bancada del PRI en el Congreso de Sinaloa surgieron cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades mexicanas tras los señalamientos realizados desde Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, particularmente por las medidas aplicadas en el congelamiento de cuentas bancarias y por las posturas emitidas desde Morena respecto al manejo de estos casos.
Fue la coordinadora del grupo parlamentario priista, Irma Moreno, quien señaló que existe una incongruencia en que las cuentas sean congeladas únicamente de manera preventiva mientras no se aplican otras medidas cautelares más estrictas para garantizar que las personas involucradas permanezcan sujetas a los procesos judiciales. La diputada cuestionó por qué no se contempla la prisión preventiva en casos donde, afirmó, también podría argumentarse riesgo de fuga.
La legisladora también criticó las declaraciones de la senadora morenista Imelda Castro, quien planteó que los señalados deberían ser juzgados dentro de territorio mexicano. Irma Moreno consideró contradictorio ese posicionamiento, al señalar que el propio gobierno federal sostiene que no existen pruebas ni investigaciones abiertas en México contra los acusados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Desde la postura priista, señaló que resulta incoherente pedir procesos judiciales en el país cuando oficialmente se afirma que no hay elementos legales para proceder.
Irma Moreno sostuvo que este tipo de situaciones generan dudas sobre la imparcialidad de las autoridades y el trato que reciben funcionarios ligados al oficialismo. Añadió que la ciudadanía exige transparencia y claridad sobre las acciones que tomará el gobierno mexicano frente a los procedimientos e investigaciones que actualmente se desarrollan en Estados Unidos.