El reciente asesinato de un hombre a pocas horas de haber salido del penal de Aguaruto es un hecho que enciende las alertas sobre la posible filtración de información sensible desde las autoridades y evidencia las profundas fallas del sistema de reinserción social en Sinaloa, advirtió el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Oscar Loza Ochoa.
Loza Ochoa aseguró que este caso, donde un exreo fue asesinado a solo unos kilómetros de la cárcel mientras viajaba en un Didi, no puede ser visto como un hecho aislado o casual, sino como el resultado de un crimen planeado que requiere una respuesta contundente de las autoridades.
«Esto debe mover, obviamente, a que piense la autoridad en lo que es la filtración de la información de las personas que se van a excarcelar», declaró. «Alrededor del 90 por ciento de los hechos delictivos no son espontáneos, sobre todo los que atentan contra la integridad física; son asuntos planeados en su inmensa mayoría».
El presidente de la CEDH confirmó que, aunque no tenía el dato inmediato, no duda que la visitaduría general del organismo ya haya solicitado información a las autoridades penitenciarias sobre el caso para iniciar una investigación.
Lamentó que esta no sea la primera vez que ocurre un ataque de esta naturaleza. Recordó un caso emblemático donde el hermano de una diputada fue privado de la libertad y desaparecido a escasos metros de la delegación de la entonces PGR, justo después de ser liberado.
«¿Cómo tenían esa información los que cometieron el delito?», cuestionó, trazando un paralelo directo con el crimen ocurrido este miércoles.
El titular de la CEDH señaló que la situación de los penales en el estado es crítica, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) les otorgó una calificación apenas aprobatoria de 6.2.
«Nos pareció que (la CNDH) había quedado corta», afirmó. «Destacó dos cosas que llaman la atención: por un lado, que seguía existiendo el autogobierno, y por otra parte, que las personas con discapacidad mental no estaban atendidas de la mejor manera».
Explicó que, según estudios históricos, solo el 10% de la población penitenciaria es considerada problemática y reincidente, mientras que el 90% restante tiene buen comportamiento y busca reinsertarse. El fracaso, indicó, radica en la incapacidad de las autoridades para gestionar a esa minoría conflictiva y proteger a la mayoría.
Finalmente, hizo un enérgico llamado a la sociedad y a las autoridades a no normalizar esta violencia.
«Yo espero que nunca aceptemos que sea lo normal. Hoy vivimos una crisis, pero creo que no tenemos que aceptar que sea la nueva normalidad en el estado de Sinaloa, porque nos vamos a resignar a que esto esté pasando como cosa corriente», concluyó.