Un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dejó como resultado la detención de ocho presuntos infractores de la ley, además del aseguramiento de armas, droga, vehículos y un inmueble en distintos puntos de Sinaloa.
El primer despliegue se realizó en el poblado Agua Verde, donde personal naval efectuó patrullajes aéreos y terrestres y aseguró dos vehículos, 29 armas largas, 68 cargadores, 50 cartuchos, una granada, 10 chalecos tácticos con placas, tres placas balísticas, fornituras, dos cascos tácticos y dos máquinas contadoras de dinero.
En el mismo sitio fueron localizadas 19 bolsas con polvo blanco con características similares a la cocaína y cuatro bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana.
Como parte de las acciones derivadas de este primer hallazgo, en un segundo evento fue detenido un presunto infractor de la ley. Además, se aseguraron cuatro vehículos, dos armas largas, seis cargadores, 204 cartuchos, uniformes tácticos y 580 dosis de hierba seca con características similares a la marihuana.
El tercer operativo tuvo lugar en las inmediaciones de Palo Blanco, donde las autoridades localizaron un campamento presuntamente utilizado por la delincuencia organizada. En el sitio fueron asegurados cinco vehículos, dos armas largas, nueve cargadores, mil cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados y 33 bolsas con hierba con características similares a la marihuana. Los vehículos fueron inhabilitados en el lugar.
Finalmente, durante un recorrido aéreo y terrestre en las inmediaciones de Escuinapa, con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, personal naval brindó seguridad perimetral para la detención de siete presuntos infractores de la ley, además del aseguramiento de armamento y cargadores.
Las autoridades señalaron que a las personas detenidas se les leyeron sus derechos y, junto con los objetos asegurados, fueron puestas a disposición de las instancias correspondientes, que determinarán su situación jurídica.
Debido al riesgo que representaba trasladar los artefactos explosivos, personal especializado procedió a inhabilitarlos en el sitio, con el objetivo de evitar riesgos para la población.
El Gabinete de Seguridad afirmó que estas acciones buscan reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales mediante el aseguramiento de armamento, vehículos, drogas y otros recursos utilizados para sus actividades.