Una reciente reforma al Código Penal de Afganistán ha generado reacciones a nivel internacional por su contenido relacionado con la violencia dentro del hogar. La normativa, denominada De Mahakumu Jazaai Osulnama, incluye disposiciones que han sido interpretadas como una reducción en las sanciones aplicables a casos de agresiones contra mujeres e hijos.
En su artículo 32, el documento establece que los jefes de familia pueden imponer castigos físicos a sus esposas cuando consideren que han cometido alguna falta doméstica. Sin embargo, solo se contemplan sanciones penales si existen lesiones visibles, como fracturas o heridas comprobables, y si la víctima logra demostrar los hechos ante un tribunal.
El código también señala que las mujeres que denuncien agresiones deberán acreditar lesiones graves ante un juez. Además, deben comparecer completamente cubiertas y acompañadas por su esposo o un tutor masculino, incluso cuando el señalado como agresor sea el propio marido. En caso de abandonar el hogar sin autorización, podrían enfrentar penas de hasta tres meses de prisión.
La reforma ha sido cuestionada por la disparidad en las sanciones. Mientras un esposo que cause lesiones visibles podría recibir hasta 15 días de cárcel, el artículo 70 del mismo código establece penas de hasta cinco meses de prisión para quienes organicen peleas de animales.
Asimismo, la normativa clasifica a la población en cuatro estratos sociales: clero, élite, clase media y clase baja. Las sanciones varían según esta categoría. Los integrantes de los dos primeros grupos pueden recibir advertencias o citaciones judiciales; la clase media enfrenta posibles penas de prisión; y la clase baja puede ser objeto de amenazas, golpes y, en casos extremos, hasta 39 latigazos.
Estas disposiciones han generado preocupación en distintos sectores y han reactivado el debate internacional sobre los derechos de las mujeres y el principio de igualdad ante la ley en Afganistán.