Desde su creación en agosto de 2023, el Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha otorgado 1,244 medidas de protección en Sinaloa, beneficiando a 280 personas, de las cuales 121 son periodistas, 120 defensores de derechos humanos y 39 familiares, informó su directora, Jenny Judith Bernal.
Entre las agresiones más comunes se encuentran amenazas de muerte, que representan 132 casos, así como lesiones, descalificaciones, sustracción de equipo, ataques armados a medios, censura y daños a vehículos o viviendas. Desde septiembre de 2024 a abril de 2025, se contabilizan 60 amenazas directas contra periodistas, principalmente relacionadas con su labor, especialmente en coberturas de nota roja.
“La mayoría de las amenazas han sido por teléfono. Les advierten que si siguen publicando, les puede pasar algo”, explicó Bernal. También se han registrado tres ataques armados a instalaciones de medios de comunicación en ese mismo periodo.
Hasta ahora, cuatro periodistas y dos defensores han tenido que abandonar el estado junto con sus familias por razones de seguridad. Aunque algunos han retornado, otros continúan desplazados debido a amenazas graves.
El Instituto ha distribuido al menos 15 chalecos antibalas, además de calcomanías imantadas para vehículos y protección en domicilios y redacciones. En los casos más extremos, se han asignado escoltas de seguridad permanente o se han aplicado traslados de emergencia.
También se han implementado rondines de vigilancia, aunque no todos los beneficiarios los aceptan por temor a exponerse aún más. Actualmente, un periodista y un defensor de derechos humanos cuentan con escoltas las 24 horas debido al nivel de riesgo que enfrentan.
A tres años de la entrada en vigor de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa, el Instituto destacó su esfuerzo por atender cada caso de manera individual y reiteró que los mapas de riesgo por municipio están disponibles en su sitio web.