Aunque el gobierno de Sinaloa ha solicitado en tiempo y forma la declaratoria de emergencia por sequía, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha rechazado por segunda ocasión la petición, lo que ha generado preocupación ante los crecientes costos que implica la atención a comunidades afectadas.
El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, informó que la solicitud fue presentada originalmente en diciembre de 2024, como marcan las reglas de operación, y rechazada el 30 del mismo mes. Posteriormente, el gobernador Rubén Rocha Moya reiteró la petición de manera extraordinaria, con un segundo intento fechado el 14 de mayo de 2025, el cual también fue rechazado por la autoridad federal.
“Nosotros hemos cumplido en tiempo y forma con la solicitud. El gobernador ha insistido directamente, incluso ante la presidenta de la República. Sin embargo, nuevamente fue rechazada”, detalló Navarrete.
A pesar del revés institucional, el gobierno estatal mantiene acciones permanentes para mitigar los efectos de la sequía. De acuerdo con el funcionario, actualmente se trabaja en 13 municipios, principalmente en zonas serranas como Choix, El Fuerte y Badiraguato, con el uso de 42 pipas diarias para el suministro de agua, mantenimiento y perforación de pozos, y otras medidas de apoyo, en coordinación con SEBIDES, Obras Públicas y SIAP.
“Tenemos zonas con sequía severa, extrema y excepcional, según los indicadores de Conagua. El gobierno del estado no se ha cruzado de brazos y seguirá atendiendo con recursos propios, aunque esto tiene un costo muy elevado”, subrayó.
El secretario general de Gobierno, Feliciano Castro, respaldó la postura al señalar que, si bien la naturaleza ha sido adversa, el gobierno ha respondido con acciones concretas. “Lo que la naturaleza niega, el gobierno atiende. No ha faltado agua en las comunidades que lo requieren”, afirmó.
La declaratoria, de haberse aprobado, habría permitido acceder a recursos federales para plantas potabilizadoras, pipas, pozos y mantenimientos, pero por ahora, todo el gasto recae en el gobierno estatal. La normativa establece que la próxima solicitud solo podría hacerse nuevamente hasta diciembre, si las condiciones persisten.