Culiacán, Sinaloa.– Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) denunciaron descuentos de entre 10% y 20% en sus ingresos y exigieron una audiencia con la gobernadora interina para solicitar que se respeten sus derechos laborales y contractuales, ante la incertidumbre que aseguran enfrentar cada quincena.
Marco Antonio Medrano Palazuelo, jubilado administrativo de la institución, señaló que las deducciones se han relacionado con una reingeniería financiera, la creación de un fideicomiso y el déficit económico de la universidad. Sin embargo, afirmó que desconocen la situación real de las finanzas universitarias debido a la falta de claridad sobre el manejo de los recursos.
El representante consideró injusto que los jubilados tengan que asumir estos descuentos, pues sostuvo que cumplieron durante décadas con sus labores y que, al retirarse, adquirieron el derecho a recibir su salario conforme a las condiciones bajo las cuales fueron jubilados. Añadió que este sector es particularmente vulnerable por las necesidades que surgen con la edad.
Ante esta situación, integrantes del movimiento acudieron a manifestarse para insistir en una reunión con la gobernadora interina, luego de que, según Medrano Palazuelo, la semana pasada les indicaran que les informarían cuándo podrían recibirlos. Explicó que buscan la intervención de la mandataria para que se atiendan sus demandas y se respeten sus derechos como adultos mayores y universitarios.
Sobre las acciones legales, informó que distintos grupos han promovido alrededor de 800 amparos contra los descuentos, de los cuales aproximadamente 350 corresponderían al frente que representa. Indicó que permanecen a la espera de una resolución del Tribunal Colegiado en Mazatlán.
Asimismo, insistió en la necesidad de realizar una auditoría forense a la UAS para conocer con precisión el uso de los recursos públicos y determinar si existe el déficit que se ha señalado para justificar las deducciones. Medrano Palazuelo sostuvo que la comunidad universitaria y la ciudadanía tienen derecho a conocer cómo se ejerce el presupuesto de la institución.