El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Miguel Calderón Quevedo, señaló la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de Sinaloa mediante mayor respaldo federal y recursos para mejorar sus capacidades operativas.
Previo al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Calderón Quevedo reconoció el apoyo de las fuerzas federales desplegadas en el estado, entre ellas la Guardia Nacional, Marina y Ejército, y consideró que su presencia ha contribuido a atender la situación de violencia.
Sin embargo, indicó que este apoyo debe acompañarse de acciones de mediano y largo plazo para fortalecer áreas como los sistemas de videovigilancia, la infraestructura penitenciaria, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.
El coordinador del CESP señaló que la Policía Estatal cuenta actualmente con alrededor de mil 200 elementos y planteó la necesidad de incrementar su estado de fuerza. También mencionó áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, particularmente relacionadas con los niveles de impunidad en algunos delitos.
Sobre el cambio en la difusión de las cifras diarias de homicidios, explicó que la información ahora se concentra en una plataforma nacional del Gabinete de Seguridad. Consideró que los datos continúan disponibles para consulta, aunque reconoció que el mecanismo representa un cambio respecto al esquema anterior.
En cuanto a la situación de seguridad en Mazatlán, Calderón Quevedo señaló que el municipio enfrenta un escenario de preocupación debido a la incidencia de delitos de alto impacto, entre ellos homicidios y feminicidios. Consideró necesario complementar las acciones de seguridad con medidas de prevención y construcción de paz, con participación de sectores como educación, cultura y organizaciones comunitarias.
Por otra parte, informó que el CESP solicitó una audiencia con la gobernadora de Sinaloa para abordar estos temas y plantear la reactivación de las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, al señalar que desde hace aproximadamente dos años no se han realizado las reuniones previstas por la legislación.