La presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, informó que la próxima semana se prevé una reunión con la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Administración y Finanzas para revisar el avance de las obras ejecutadas con recursos provenientes de créditos autorizados por el Poder Legislativo.
La legisladora explicó que el encuentro tendrá como objetivo conocer el estatus de los proyectos contemplados tanto en créditos anteriores como en los más recientes, incluyendo obras concluidas, aquellas que continúan en ejecución y los procesos de licitación que permanecen pendientes. Señaló que la intención es contar con un informe detallado sobre el uso y avance de los recursos públicos destinados a estas acciones, como parte de las labores de seguimiento y rendición de cuentas.
Respecto al bulevar Agricultores, Guerra Ochoa señaló que hasta el momento no existe una versión oficial sobre las causas de los retrasos o complicaciones que pudiera enfrentar la obra. El tema ha cobrado relevancia luego de que habitantes de la zona manifestaran afectaciones derivadas de los trabajos, al señalar dificultades para el acceso y salida de sus hogares, así como problemas de movilidad en el sector. Días atrás, Elodia Torres Corrales, presidenta de la colonia Ampliación San Benito e integrante de la Asociación de Redes Ciudadanas de Sinaloa, expuso públicamente las inconformidades de vecinos por las condiciones que prevalecen en el área.
La presidenta de la JUCOPO indicó que esperan obtener información institucional durante la reunión con las dependencias responsables para conocer el estatus real del proyecto. Asimismo, comentó que en otros casos se tuvo conocimiento de dificultades técnicas relacionadas con empresas constructoras, aunque aclaró que en el caso específico del bulevar Agricultores no existe aún una postura oficial.
La presidenta de la JUCOPO aseguró que los recursos obtenidos mediante créditos están sujetos a mecanismos de fiscalización y supervisión por parte de la Auditoría Superior del Estado, por lo que descartó riesgos de pérdida o falta de control sobre el dinero público. Explicó que las licitaciones, adjudicaciones y la aplicación de los recursos deben cumplir con los procedimientos establecidos por la ley y ser revisados por las instancias correspondientes, por lo que cualquier irregularidad en el manejo de estos recursos podría derivar en las responsabilidades que marca la normatividad vigente.