La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó este jueves la carta emitida en redes sociales por su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el Palacio Nacional, la mandataria federal respaldó la postura del exejecutivo y reiteró su mensaje del domingo pasado, cuestionando de manera enérgica las acciones en materia de seguridad emprendidas por los Estados Unidos, país que en un hecho inédito acusó a 10 funcionarios sinaloenses, incluyendo a tres que fueron elegidos mediante el voto popular, como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Sheinbaum Pardo sostuvo que los recientes señalamientos y las órdenes de aprehensión emitidas en el extranjero contra servidores públicos mexicanos rebasan el ámbito local y forman parte de un contexto mucho más amplio que ha detonado una intensa campaña mediática y digital. Al respecto, sugirió que detrás de estas imputaciones se esconden intereses políticos ligados de forma directa con los procesos electorales de ambas naciones.
“Por eso dije, no es un asunto de Sinaloa, es un asunto de soberanía. ¿Quién pone y quién quita? Lo he dicho desde hace ya más de un mes aquí y también he dicho, si fuera un gobernador de oposición diríamos exactamente lo mismo, en funciones. No importa si fuera del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano”, sentenció.
La jefa del Ejecutivo insistió en que cualquier señalamiento en contra de funcionarios gubernamentales debe estar sustentado obligatoriamente con pruebas legales y ser canalizado a las instancias competentes en territorio mexicano para su debida resolución. En ese sentido, invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre quién posee la verdadera facultad jurídica y constitucional para dictar el rumbo político de la nación, remarcando que dicha soberanía reside exclusivamente en la elección del pueblo.
Para finalizar, la mandataria reafirmó que el Estado mexicano cuenta con instituciones sólidas y herramientas normativas propias para investigar y, en su caso, sancionar las faltas cometidas por servidores públicos sin importar las siglas de su partido político. Por ello, alertó sobre las graves implicaciones que conllevaría validar juicios externos carentes de sustento probatorio formal dentro de la jurisdicción nacional.