El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, aclaró que la dependencia no tiene facultades directas sobre la operación de los módulos de riego señalados por presuntas irregularidades en Sinaloa. La infraestructura y la distribución del recurso en dichas zonas corresponden a asociaciones civiles que operan bajo decretos de transferencia otorgados desde la década de los noventa, por lo que su administración y elección de representantes se rigen por normatividad interna ajena a la institución federal.
»Nosotros tenemos un sistema de inspecciones a través de administración del agua; cuando detectamos una irregularidad, actuamos administrativamente, suspendemos estos servicios y damos vista a la autoridad para presentar las denuncias penales correspondientes», precisó la administración federal al abordar la estrategia contra el uso ilegal del agua.
Ante los reportes que vinculan la entrega de recursos hídricos con actividades delictivas en la entidad, la Conagua inició procedimientos de verificación para corroborar la veracidad de los señalamientos. El organismo puntualizó que, de hallarse evidencia sobre la distribución indebida del agua o la intervención de grupos externos en estos sistemas ciudadanos, se procederá con el levantamiento de actas administrativas y las denuncias ante las fiscalías competentes, similar a los procesos de demolición de presas ilegales ejecutados recientemente en otros estados del país.