Representantes del sector empresarial y social de Sinaloa entregaron un pliego petitorio dirigido a la gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla Valverde, en el que plantean diversas solicitudes relacionadas con seguridad pública, apoyo económico y fortalecimiento institucional ante el impacto que, señalaron, ha generado la situación de inseguridad en la entidad.
En el documento, organismos empresariales y sociales señalaron que la problemática de seguridad en Sinaloa ha tenido repercusiones económicas y sociales, por lo que consideraron necesaria una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, particularmente con participación de autoridades federales.
Entre las principales solicitudes se encuentra el establecimiento de “cuadros especiales” o perímetros de seguridad en zonas económicas estratégicas de las principales ciudades, así como en carreteras y sistemas de transporte, con el objetivo de proteger la movilidad de personas, mercancías y actividades productivas.
Asimismo, solicitaron la implementación de apoyos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas afectadas, mediante descuentos, condonaciones o prórrogas en contribuciones estatales y federales ante dependencias como el IMSS, INFONAVIT, SAT y SATES.
El sector empresarial también propuso la creación de un fondo emergente para apoyar a negocios que han reducido operaciones o cerrado, mediante esquemas de capital de trabajo, conservación de empleos y acceso a créditos blandos.
En materia de seguridad, plantearon fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, mediante mayores recursos, personal capacitado e infraestructura adecuada, además de impulsar mecanismos ciudadanos de evaluación y seguimiento de resultados.
De igual forma, solicitaron que las instituciones de seguridad sean encabezadas por perfiles con trayectoria verificable y ajenos a intereses políticos, así como reforzar acciones para disminuir la impunidad en delitos como robo a comercio y robo de vehículos.
Finalmente, pidieron establecer una mesa permanente de diálogo mensual integrada por organismos empresariales, sociedad civil e iglesia, con el propósito de construir una agenda de mediano y largo plazo enfocada en la reactivación económica y la recuperación del tejido social en Sinaloa.