La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa lanzó un pronunciamiento oficial este 18 de marzo en el que advierte que la «reingeniería financiera» de la Universidad Autónoma de Sinaloa no debe pisotear los derechos de quienes ya entregaron su vida laboral a la institución. El organismo defensor señaló que los jubilados y pensionados no son los culpables de la quiebra financiera y que sus pagos son derechos adquiridos que no pueden recortarse de manera unilateral.
Sobre el manejo del dinero, la CEDH propuso que se realice una auditoría forense a las arcas de la UAS para que no quede duda de cómo se están aplicando los recursos que recibe la universidad. Según el organismo, gran parte de la solución al problema no está en quitarle dinero a los trabajadores, sino en que el Gobierno Federal y el Estado agoten los mecanismos para incrementar los subsidios hacia la casa de estudios.
La Comisión recordó que la mayoría de los pensionados son adultos mayores que dependen de su cheque completo para pagar medicinas y atención médica, por lo que cualquier recorte afecta directamente su dignidad y autonomía. Ante este escenario, la CEDH se ofreció a acompañar mesas de diálogo entre la universidad y los afectados para buscar una salida que no perjudique económicamente a los universitarios.