En Sinaloa persisten reportes de prácticas irregulares en operativos policiacos donde ciudadanos que solo incurren en infracciones de tránsito son tratados como si hubieran cometido delitos. Esta situación ha generado inquietud debido a que las faltas administrativas de tránsito no ameritan detención, uso de fuerza o retención del vehículo por parte de corporaciones no facultadas.
La diputada local Paola Gárate señaló que se han documentado casos en los que elementos de distintas corporaciones amenazan con detenciones, retiran vehículos o actúan con prepotencia hacia ciudadanos que únicamente cometieron una infracción vial. Aclaró que, conforme al marco legal, este tipo de faltas debe ser atendido exclusivamente por la corporación de tránsito municipal mediante sanciones administrativas, sin arresto ni retención del automóvil.
Gárate también destacó que esta situación incrementa la desconfianza social, al grado de que muchas personas evitan transitar por la vía pública en determinados horarios por temor a abusos o maltratos, aun cuando no existe relación con actividades delictivas. Por ello pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para supervisar operativos y garantizar el respeto a los derechos ciudadanos.
Finalmente, la legisladora sostuvo que las instituciones de seguridad deben enfocarse en la prevención y combate de delitos, en lugar de recrudecer criterios administrativos que afectan a personas que se encuentran en tránsito por motivos laborales o familiares. Aseguró que el Congreso estará vigilante del desempeño de las corporaciones para evitar abusos y proteger a la ciudadanía.