El acoso hacia mujeres y niñas en espacios públicos ha sido una realidad persistente en Sinaloa y en el país, particularmente en el transporte público, donde usuarias han denunciado durante años situaciones de hostigamiento, miradas intimidantes, comentarios sexuales y tocamientos. En este contexto, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una reforma legal que busca reforzar la protección de quienes utilizan este servicio, uno de los entornos donde este tipo de violencia suele repetirse.
La reforma establece la revocación de licencias de conducir a choferes del transporte público que sean sentenciados por acoso sexual, como parte de una estrategia orientada a proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes, considerados grupos en situación de vulnerabilidad. La medida implica que los conductores condenados no podrán volver a obtener una licencia hasta por cinco años y, en casos de reincidencia, la revocación será definitiva, incluso si cuentan con licencias expedidas en otras entidades.
Una problemática social de larga data
El Congreso reconoció que el acoso en el transporte público no es un hecho aislado, sino un problema estructural ligado a la desigualdad, la normalización de la violencia y la falta de consecuencias claras durante muchos años. Para miles de mujeres y niñas, el simple acto de trasladarse diariamente ha significado hacerlo con miedo, cambiando rutas, horarios o formas de vestir para evitar agresiones, lo que refleja una limitación cotidiana al derecho a la movilidad segura.
¿Sanción suficiente para cambiar la realidad?
Si bien la reforma representa un avance legal importante, también abre el debate sobre si la revocación de licencias será suficiente para prevenir el acoso y modificar conductas en un sistema donde muchas agresiones no se denuncian o no llegan a una sentencia. La efectividad de la medida dependerá no solo de la sanción, sino de la capacidad de investigación, denuncia, acompañamiento a víctimas y supervisión del transporte público, así como de acciones preventivas y de sensibilización.
El Congreso subrayó que la reforma se alinea con el mandato constitucional de garantizar una movilidad segura, inclusiva y con perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, la ciudadanía espera que esta decisión no se quede únicamente en el papel y que se traduzca en cambios reales en la experiencia diaria de mujeres y niñas, para quienes la seguridad en el transporte público sigue siendo una deuda pendiente.