Organizaciones civiles de Sinaloa expresaron su preocupación por la aprobación de un nuevo crédito estatal por 2 mil millones de pesos, autorizado por el Congreso del Estado a petición del Poder Ejecutivo. La red está integrada por colectivos como Observatorio Ciudadano, Iniciativa Sinaloa, COPARMEX Sinaloa, Tacuchamona, Vigilante Ciudadano de Ahome y otros grupos enfocados en transparencia y participación ciudadana.
Durante la conferencia, Marlene León Fuentes, directora de Iniciativa Sinaloa, y Gustavo Rojo, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, señalaron que el crédito fue aprobado sin información mínima que permitiera conocer su justificación técnica o social. Coincidieron en que no se presentó un plan público que detallara las obras, su prioridad, diagnósticos de necesidad ni proyecciones de impacto para los municipios. Para las organizaciones, esta ausencia abre riesgos de discrecionalidad, sobrecostos y falta de supervisión.
Los colectivos recordaron que hace menos de un año se aprobó otro crédito por 3 mil millones de pesos destinado a infraestructura y cuyo ejercicio aún no cuenta con informes completos. Consideraron preocupante que se autorice nuevo endeudamiento sin aclarar el destino del recurso anterior y sin auditorías públicas que permitan evaluar avances, obras canceladas o reasignaciones. Señalaron además que solo dos diputados votaron en contra, mientras el resto avaló la deuda sin explicar a la ciudadanía los motivos de su decisión.
Marlene León Fuentes enfatizó que el problema no es la obra pública, sino la falta de planeación y transparencia. Cuestionó que las reuniones para definir las obras se anuncien después de aprobar el crédito, cuando —dijo— debieron realizarse antes para garantizar que los proyectos respondieran a necesidades reales. Por su parte, Gustavo Rojo advirtió que endeudar al estado sin claridad compromete las finanzas a largo plazo y puede limitar la capacidad futura para atender áreas críticas como seguridad, educación y combate a la violencia contra mujeres y jóvenes.
La red de organizaciones exigió que, antes de contratar el crédito, se publique un plan detallado con lista de obras por municipio, montos, cronogramas, criterios técnicos y mecanismos de rendición de cuentas. También pidieron integrar a ciudadanía, academia y organismos independientes en la supervisión del uso del dinero, así como fortalecer los órganos de control interno para evitar irregularidades. Desde una perspectiva ciudadana, advirtieron que aprobar deudas “a ciegas” puede dejar al estado comprometido por años sin garantía de beneficios claros para la población.