Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) de la sociedad civil, emitió un llamado urgente a las y los diputados de Sinaloa para que aprueben un incremento significativo al presupuesto de seguridad y justicia para 2026. Advirtió que la propuesta actual es totalmente insuficiente, señalando que Sinaloa podría cerrar el próximo año entre las tres ciudades con la mayor tasa de homicidios del mundo si no se revierte el rezago histórico.
El CESP estima que la necesidad presupuestal real para Sinaloa es de $7 mil millones de pesos. Sin embargo, la propuesta original que se discute en el Congreso se queda muy por debajo, representando casi la mitad de lo que estados con similar población destinan a seguridad, lo que agrava un déficit histórico.
«El llamado que hacemos es que si no lo elevan a $7 mil millones, sí rebasemos esa frontera de los $5 mil millones porque es justamente el déficit que tenemos estimado del dinero que no ha llegado a esas corporaciones de 2018 a la fecha. […] Que no nos regateen y que nos terminen entregando un gran regalo, no solamente para esta navidad, sino para todo 2026.»
Este bajo presupuesto se traduce en una grave incapacidad operativa que favorece la impunidad. Actualmente, hay un déficit de 2,000 elementos policiales y la Fiscalía General del Estado (FGE) está desbordada: cada Agente del Ministerio Público maneja cerca de 300 carpetas, llevando a que de cada 10 delincuentes, 9 queden sin sanción. Para hacer frente a esto, la FGE requiere al menos $400 millones de pesos adicionales.
Calderón Quevedo concluyó que la capacidad delincuencial ha superado las capacidades locales. Hizo un llamado a los legisladores a enfocar el presupuesto en seguridad, justicia y paz, enfatizando que el aumento debe ir acompañado de un riguroso monitoreo para garantizar que los recursos se inviertan eficientemente en herramientas y personal digno para recuperar la tranquilidad ciudadana.