Un grupo de familias que invadió un predio baldío contiguo a la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías en la colonia Lázaro Cárdenas se manifestó hoy frente al Ayuntamiento de Culiacán, buscando un diálogo con el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil y denunciando graves amenazas que ponen en riesgo su seguridad. Las familias, que llevan cerca de diez días en el terreno, reiteraron que la invasión es un acto de extrema necesidad motivado por la falta de una vivienda digna, la imposibilidad de acceder a créditos de Infonavit y la negativa a ser reubicados a zonas lejanas que afectarían su estabilidad laboral y familiar.
La vocera del grupo, Elizabeth, enfatizó que el propósito de la manifestación no es exigir un obsequio, sino una solución justa y legal para la posesión del terreno, que aseguran lleva más de 50 años abandonado. «Nosotros somos personas con necesidad, personas que trabajamos,» declaró la madre soltera, quien explicó que el grupo incluye a personas mayores, con discapacidad y otras madres solteras que no encuentran opciones de vivienda accesibles. La petición central es que el gobierno o la dependencia propietaria del terreno se abra a la negociación: «Queremos no que nos lo regalen, queremos que nos lo vendan lógicamente a un buen precio, algo accesible para nosotros porque todos trabajamos.»
El conflicto escaló a un tema de seguridad luego de que integrantes de la manifestación revelaran haber recibido hostigamiento y amenazas directas. Una de las manifestantes, que prefirió el anonimato, mostró evidencia de mensajes de texto en los que se les advertía que serían agredidos si no abandonaban el predio, incluyendo la grave amenaza de «O los voi a ir a quemar… A chingar asu madre.» [Ver Imagen de Referencia]. Además, denunció que la noche anterior fueron «alucinados» por personas armadas y en vehículos sin placas en el predio, provocando pánico entre los niños y los adultos, lo que subraya la vulnerabilidad de las familias que no tienen «más a dónde ir.»
Tras ser atendidos por funcionarios municipales como Miguel Rodríguez y Martín Prado, quienes les indicaron que el caso es competencia de la autoridad educativa, los manifestantes expresaron su frustración por la falta de apoyo gubernamental y la estigmatización que sufren por parte de algunos vecinos. Las familias insisten en que están dispuestas a que se investigue su situación para comprobar que no poseen otra propiedad y que solo buscan un hogar, apelando a las autoridades a mostrar un «trato humano» y evitar un desalojo sin una opción de reubicación viable.
Ante la falta de una respuesta definitiva por parte del Ayuntamiento, los manifestantes confirmaron que su próximo paso es acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) para buscar un diálogo directo con la dependencia, ya que consideran que es la única con poder de decisión para vender o mediar en la situación del predio y así evitar que el conflicto continúe escalando.