Familiares y representantes legales de Astrid y su hijo Dante, víctimas de feminicidio y homicidio en diciembre de 2024, denunciaron este viernes una serie de irregularidades en el proceso penal que se sigue contra Jesús Fernando, alertando principalmente sobre su traslado no notificado a un penal fuera de Culiacán.
Lucero Margarita Uriarte Leal, madre de la víctima, acompañada por el colectivo Mujeres Activas Sinaloenses (MAS), informó que el imputado fue movido del Centro Penitenciario de Aguaruto al penal de Goros II, en la ciudad de Los Mochis.
Este movimiento, autorizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se realizó sin notificar a las partes involucradas —incluyendo a la Fiscalía General del Estado y a la defensa del acusado—, lo que provocó la suspensión de la audiencia intermedia programada para el pasado 14 de noviembre.
Rocío Areli Avendaño Gálvez, presidenta del colectivo MAS, explicó que al llegar a los juzgados se encontraron con la ausencia del detenido, quien no pudo comparecer ni siquiera vía remota debido a la falta de coordinación entre autoridades penitenciarias y judiciales.
«Nadie lo ha visto, no lo han visto las víctimas tampoco», señaló Avendaño Gálvez, advirtiendo que esta falta de certeza jurídica genera un temor fundado de que el acusado pueda evadir la acción de la justicia.
La familia cuestionó los argumentos de «seguridad» utilizados para justificar el traslado. Según denunció la señora Lucero Uriarte, durante su estancia en Aguaruto, Jesús Fernando gozó de tratos diferenciados: fue alojado inicialmente en el Módulo 2 (zona de servidores públicos) y posteriormente en el Módulo 4 (área psiquiátrica), sin cumplir con los perfiles para dichas áreas.
«La verdad lo ignoro [el motivo del trato], pero siempre se han corrido rumores que en la penitenciaría es por medio de dinero. Todo se mueve por medio de dinero», expresó Uriarte Leal ante los medios.
Como parte de las fallas institucionales denunciadas, la madre de Astrid reveló también negligencias en el trabajo pericial. Relató que, tras recuperarse el acceso a la vivienda en Bosque de los Álamos —la cual estuvo asegurada un mes por la Fiscalía—, ella misma localizó objetos que no fueron recolectados por los peritos.
Según su testimonio, dentro del inmueble encontró un cuchillo con manchas de sangre y la ropa que usaba su nieto al momento de su asesinato, en una cubeta, evidencias que permanecían en el lugar a pesar de que la autoridad había dado por procesada la escena.
Elvia Elena Hernández Piña, activista presente, lamentó que el sistema judicial en Sinaloa continúe presentando obstáculos que revictimizan a las mujeres, citando estimaciones de un 70% de impunidad en casos de feminicidio en la entidad.
Actualmente, la defensa de la familia promueve un amparo contra la falta de notificación del traslado, exigiendo que el proceso se mantenga en los juzgados de Culiacán y solicitando medidas de protección efectivas ante la percepción de inseguridad que vive la familia.