Alejandra Pineda, titular de la Unidad Técnica de Evaluación del Congreso del Estado, denunció públicamente que se busca removerla de su cargo sin permitirle presentar sus argumentos ni ejercer su derecho a la defensa. Señaló que fue citada a una reunión de la Comisión de Fiscalización para tratar su posible destitución, pero al llegar, la sesión fue cancelada sin explicación clara. Además, dijo que se le informó que su caso sería votado directamente en el pleno, sin haberle dado uso de la voz como lo marca la propia normativa interna.
Pineda explicó que la causal de remoción que se le atribuye —no haber propuesto lineamientos y documentos para la operación de la Comisión de Fiscalización— es falsa. Afirmó contar con siete propuestas entregadas formalmente desde 2021, todas notificadas mediante oficio y acompañadas de los documentos correspondientes. Indicó que aprobar, modificar o analizar estas propuestas es responsabilidad de los diputados, no de ella, por lo que consideró injusto que se le responsabilice por algo que no entra en sus facultades.
La funcionaria también denunció que desde el 20 de octubre ha enfrentado presiones para renunciar, incluyendo advertencias verbales sobre posibles consecuencias laborales. Aseguró que incluso se le dejó de pagar desde la primera quincena de noviembre, pese a seguir en funciones, y que ninguna de las autoridades administrativas —ni el Congreso, ni el Órgano Interno de Control— ha respondido a sus solicitudes de aclaración. Añadió que presentó quejas formales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante distintas dependencias estatales.
Pineda declaró que su trabajo técnico, enfocado en la evaluación y revisión del uso de recursos públicos, ha generado incomodidad entre algunos actores políticos, pero insistió en que no renunciará, pues no ha cometido ninguna falta. Dijo sentirse respaldada por la ciudadanía, ya que su caso ha sido ampliamente compartido en redes sociales y cubierto por numerosos medios de comunicación. Finalmente, pidió que se respete su derecho a ser escuchada antes de que se emita un dictamen y afirmó que, ocurra lo que ocurra, seguirá defendiendo la transparencia y la correcta fiscalización de los recursos públicos.