La diputada Irma Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que el campo sinaloense atraviesa una de sus etapas más críticas debido al abandono del Gobierno Federal y a la falta de políticas públicas efectivas.
Explicó que miles de productores agrícolas, ganaderos y pesqueros permanecen sin respaldo ni certeza sobre su futuro, pese a los múltiples llamados que han realizado para solicitar apoyos económicos, créditos y mecanismos de comercialización. Aseguró que las manifestaciones y exigencias de los trabajadores del campo no han sido escuchadas, y que la situación ha derivado en un panorama de desesperanza y pérdida de empleos en todo el estado.
De acuerdo con la legisladora, el presupuesto federal aprobado recientemente no contempla incrementos relevantes para el sector agropecuario. Precisó que los recursos reasignados representan apenas el 0.2 por ciento del total del gasto público nacional, y que por cada cien pesos del presupuesto, solo setenta y cuatro centavos se destinarán al campo.
Enfatizó que esa cantidad es insuficiente para un estado como Sinaloa, considerado el quinto más importante del país en producción de alimentos, donde además persisten deudas con los productores de maíz y trigo de ciclos anteriores, así como carencias para enfrentar los costos de comercialización y distribución.
Moreno también expresó preocupación por el deterioro de los programas sanitarios y fitosanitarios, los cuales —dijo— han sufrido recortes que podrían permitir el regreso de plagas erradicadas hace décadas, como el gusano barrenador y la mosca de la fruta.
A su juicio, estas decisiones ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la capacidad de exportación ganadera del estado, que ya enfrenta restricciones por la pérdida del estatus sanitario. Advirtió que sin recursos para combatir estos problemas, los productores se verán más expuestos a pérdidas y al endeudamiento, agravando la crisis en el campo.
Además, señaló que la situación de inseguridad y desempleo en Sinaloa ha empeorado de manera paralela a la caída del sector agrícola. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) —citados por la diputada— indican que más de 10 mil empleos formales se han perdido en el último año, principalmente en el ámbito rural.
Lamentó que ni el Gobierno Federal ni el estatal hayan implementado programas emergentes de empleo o apoyo a las micro y pequeñas empresas afectadas. Según dijo, la falta de acción gubernamental ha dejado a cientos de familias sin ingresos estables y sin alternativas laborales, lo que profundiza la crisis económica local.
Por último, la legisladora hizo un llamado a las autoridades a revisar con urgencia las políticas destinadas al desarrollo rural y económico, insistiendo en que los productores no buscan regalos ni subsidios, sino condiciones dignas y equitativas para trabajar. Recalcó que el campo sinaloense sostiene gran parte de la economía del estado y del país, y que su abandono representa no solo una pérdida económica, sino también un golpe social para miles de familias. “El campo necesita apoyo real, no discursos”, subrayó al concluir su postura.