Iniciativa Sinaloa pidió de la nueva Vicefiscalía y atención a “zonas de silencio” en medio de la crisis de seguridad

La directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, llamó a fortalecer la rendición de cuentas y la coordinación institucional para atender las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como la falta de información derivada de la inseguridad en diversas regiones del estado.

León Fontes señaló que la creación de la Vicefiscalía para periodistas y personas defensoras —inaugurada en septiembre— representa un avance importante, pero subrayó que aún es necesario exigir resultados y seguimiento a los casos.

Explicó que, según la información proporcionada por la propia Vicefiscalía, el Instituto de Protección entregó 54 carpetas de investigación históricas, de las cuales solo tres habían sido preliminarmente validadas como competentes para ser investigadas por la Fiscalía. Indicó además que esta dependencia cuenta con 16 carpetas propias adicionales, por lo que el reto principal es esclarecer cuántos expedientes serán realmente asumidos y en qué estado se encuentran.

La activista recordó que la cifra de agresiones registradas ha superado las 60 denuncias históricas, tanto de periodistas como de personas defensoras, aunque advirtió que muchas víctimas no denuncian por temor o falta de confianza institucional.

León Fontes alertó también sobre el impacto de la violencia en regiones serranas y zonas aisladas, donde la presencia de grupos armados ha limitado el ejercicio periodístico y la labor de defensa de derechos humanos. Esta situación, dijo, ha generado “zonas de silencio”, caracterizadas por la ausencia de información confiable sobre lo que ocurre en esos territorios.

Afirmó que, ante el vacío informativo, la ciudadanía depende de redes sociales que no siempre ofrecen datos verificados, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la labor profesional de periodistas y garantizar condiciones mínimas de seguridad para su trabajo.

Finalmente, hizo un llamado a que la Fiscalía, el Instituto de Protección y la Secretaría de Seguridad coordinen esfuerzos para prevenir agresiones y garantizar investigaciones efectivas que resulten en sanciones y reparación del daño para las víctimas.