Durante la Sesión Ordinaria de este jueves, legisladores de distintos grupos parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa sostuvieron un amplio debate en torno a la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada por el Senado de la República.El diputado Jorge Antonio González Flores, del Partido Acción Nacional (PAN), fue el primero en fijar postura y calificó esta modificación como “la peor reforma impulsada por la Cuarta Transformación”.
Argumentó que el juicio de amparo fue creado para proteger a la ciudadanía de los abusos de autoridad, por lo que consideró que el cambio representa un retroceso en materia de derechos humanos y garantías constitucionales.González Flores señaló que la reforma contraviene principios fundamentales del derecho mexicano, como el de progresividad y propersona, al privilegiar la actuación de las autoridades sobre la defensa ciudadana.
Por otro lado, la diputada Rita Fierro Reyes, de Morena, defendió la iniciativa y sostuvo que no limita derechos ni vulnera la Constitución, sino que moderniza y fortalece el juicio de amparo. Explicó que busca garantizar una justicia más rápida, eficaz y con mayor certeza jurídica, incorporando herramientas tecnológicas y procedimientos más ágiles.
En el mismo sentido, el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), precisó que el tema de la retroactividad fue eliminado y negó que la reforma elimine el interés legítimo para promover amparos. Aclaró que su propósito es definir con mayor precisión su alcance y evitar abusos de grupos con intereses políticos o económicos.El diputado Serapio Vargas Ramírez, también de Morena, respaldó la postura de sus compañeros y calificó los señalamientos de la oposición como “verdades a medias”.
Destacó que la reforma incorpora mecanismos como la presentación electrónica de demandas y plazos definidos para resolver juicios, lo que —dijo— permitirá una justicia más accesible y oportuna.
El debate reflejó opiniones divididas sobre una reforma que modificará de manera sustancial uno de los instrumentos jurídicos más importantes para la defensa de los derechos ciudadanos en México.