La propuesta de reingeniería financiera presentada por el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, generó un intenso debate durante la Sesión Ordinaria de este jueves en el Congreso del Estado.
Diputadas y diputados de Morena y Movimiento Ciudadano expresaron su rechazo a la propuesta y demandaron una auditoría forense antes de autorizar cualquier aumento presupuestal a la institución.
La consulta interna realizada el 10 de octubre entre personal docente y trabajadores activos y jubilados fue criticada por algunos legisladores, quienes la consideraron “viciada” y que vulnera derechos adquiridos.
La diputada Sthefany Rea Reátiga pidió a las autoridades universitarias actuar con justicia social y no bajo criterios productivistas de mercado. Entre sus propuestas destacó la auditoría a la nómina del personal de confianza, transparencia en contrataciones académicas, fortalecimiento de los órganos de control y modernización administrativa.
Por su parte, el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo reiteró que no apoyará el aumento de mil 200 millones de pesos solicitado por la UAS hasta que se lleve a cabo la auditoría forense, argumentando que la crisis financiera se deriva de años de irregularidades y no de las prestaciones de los jubilados.
El diputado Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano, calificó de “represiva” la medida y advirtió que la reingeniería afectaría hasta 25 por ciento los ingresos de jubilados, además de eliminar primas vacacionales y aguinaldo completo. Solicitó la creación de una mesa de diálogo que involucre autoridades federales, estatales y universitarias.
Finalmente, la diputada Juana Minerva Vázquez González destacó el crecimiento desproporcionado de la nómina universitaria en la última década, mientras que la matrícula aumentó solo 19 por ciento, subrayando que la crisis de la UAS radica en la opacidad y privilegios institucionales, y no en las prestaciones de los trabajadores jubilados.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de un diálogo transparente y respetuoso de los derechos laborales y humanos antes de cualquier decisión sobre los recursos de la universidad.