La Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) sostuvo una reunión de trabajo con la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR) para presentar los avances y los pendientes relacionados con la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. El encuentro fue encabezado por el presidente de CAADES, Jesús Rojo Plascencia, y el presidente de ANUR, Alejandro Salcedo.
Durante la sesión se reconoció que los cambios alcanzados en la iniciativa fueron resultado del trabajo conjunto de productores agrícolas, organizaciones campesinas, dirigentes de distritos y módulos de riego, así como del propio sector empresarial. Desde febrero, estos grupos han participado en mesas de análisis y diálogo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para revisar artículo por artículo las propuestas de ley.
Entre los temas revisados destacan las transmisiones de concesiones de agua —por compra, venta o herencia—, los plazos de prórroga, la autonomía de los distritos de riego y la eliminación de la “negativa ficta”, una figura que antes permitía que cualquier trámite se negara automáticamente si CONAGUA no emitía respuesta. Con la nueva propuesta, la autoridad debe emitir una contestación dentro de los tiempos establecidos.
También se señaló como avance que el plazo para solicitar prórrogas de concesión aumentó de seis meses a dos años, y que ya no se usará la disponibilidad de agua como requisito para otorgarlas. Asimismo, los distritos de riego continuarán operando bajo sus propios reglamentos, sin quedar sujetos a nuevas reglas por formularse.
De acuerdo con CAADES, estos resultados brindan certeza al sector agrícola, pues se garantiza que el patrimonio de los agricultores no será afectado y que la operación de los distritos de riego seguirá funcionando. Sin embargo, desde el punto de vista ciudadano persiste la expectativa de que estas modificaciones realmente faciliten los trámites y no generen nuevas dificultades en el futuro.
La organización concluyó que, aunque aún falta definir el reglamento de la ley, el balance es positivo y que continuarán trabajando con autoridades federales y estatales para asegurar una versión final que sea funcional para el campo mexicano.