México registró entre enero y agosto de este año 32.9 millones de toneladas de granos, oleaginosas y productos relacionados importados, cifra que representa un máximo histórico para ese periodo, de acuerdo con los datos citados por Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa.
El dirigente campesino señaló además que las compras de maíz alcanzaron 17.11 millones de toneladas, principalmente de maíz amarillo, situación que utilizó para defender la permanencia de políticas públicas dirigidas al sector agrícola.
Al fijar postura sobre las declaraciones de Baltazar Valdéz, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Espinoza Laguna sostuvo que el debate no debe centrarse en eliminar o mantener los apoyos, sino en definir qué herramientas necesita el productor mexicano para competir en condiciones similares a las de otras potencias agrícolas.
Explicó que países como Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea cuentan con mecanismos como seguros, coberturas, financiamiento y esquemas de protección al ingreso. Añadió que, según datos de la OCDE citados por él, 54 países destinaron en promedio alrededor de 842 mil millones de dólares anuales entre 2022 y 2024 a distintos mecanismos de respaldo agrícola.
Espinoza Laguna aclaró que los productores sinaloenses buscan vivir de lo que producen y no depender permanentemente de recursos públicos. Sin embargo, consideró necesario contar con precios que permitan cubrir los costos y obtener una utilidad, además de financiamiento accesible, mejores esquemas de comercialización, seguro agrícola y coberturas de precios.
Afirmó que los apoyos, cuando están diseñados adecuadamente y llegan a tiempo, deben verse como una inversión para mantener una actividad estratégica para el país.
El dirigente destacó que Sinaloa dispone de agua en las presas, tierras productivas, infraestructura, tecnología y productores con capacidad para generar alimentos, pero señaló que uno de los principales problemas es recuperar la rentabilidad del sector.
Advirtió que si los agricultores mantienen pérdidas durante varios ciclos, podría reducirse la superficie sembrada y aumentar la dependencia de productos provenientes del extranjero.
Ante este escenario, planteó que la discusión presupuestal incluya recursos para seguros agrícolas, coberturas, financiamiento, investigación, sanidad, infraestructura hidroagrícola, tecnología, comercialización y apoyos al ingreso.
También consideró necesario definir estas condiciones antes de iniciar las siembras y no esperar hasta después de las cosechas para buscar soluciones.
“Hay que discutir las condiciones antes de sembrar, no después de cosechar”, sostuvo.
Espinoza Laguna agregó que cuando un productor deja de sembrar, el impacto alcanza también a trabajadores agrícolas, transportistas, comercios, proveedores de maquinaria e insumos y comunidades cuya economía depende de la actividad rural.
Por ello, afirmó que la postura de la organización no busca eliminar los apoyos, sino conservar los programas que funcionan, corregir los que presentan problemas, recuperar herramientas que se han perdido y fortalecer el presupuesto destinado al campo mexicano.